Por Martín Bronstein
A lo largo de la historia, el petróleo ha sido fuente de riqueza para los países pero también fuente de conflicto. Lo que sucede hoy en Libia da cuenta de ello. La Segunda Guerra Civil de Libia empezó por el control del petróleo y actualmente se libra, en gran parte, alrededor de los puertos petroleros. En el último tiempo este conflicto se ha intensificado y en enero las fuerzas del general Haftar ocuparon las principales infraestructuras petroleras, provocando el derrumbe de la producción de crudo que pasó de 1,140 millones de bpd en diciembre de 2019 a poco más de 82.000 bpd en la actualidad, según cifras de la OPEP.
Libia ha contribuido a recortar los excesos de oferta mundial de petróleo, pero a diferencia del acuerdo OPEP+, de manera involuntaria. En los últimos seis meses, la producción de crudo del país cayó un estrepitoso 92%.
En 2011, previo al boom del shale, EEUU importaba más del 60% del petróleo que consumía. Ante la necesidad de garantizarse este recurso estratégico, el gobierno de Obama buscó asegurarse flujos confiables de crudo desde los principales productores del mundo. Este objetivo impulsó a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) a bombardear Libia para derrocar a Gadafi en 2011, quien gobernaba el país desde 1969.
Luego de la caída de Muamar Gadafi, Libia quedó envuelta en una furibunda guerra civil entre dos facciones que hasta el día de hoy luchan por hacerse con el control del país. Por un lado, el Gobierno del Acuerdo Nacional (GNA), reconocido internacionalmente por la ONU, que controla la capital, Trípoli, y el noroeste del país. Por el otro, las fuerzas del Ejército Nacional Libio (LNA) comandas por el General Jalifa Haftar que controlan el este y sur de Libia.
Las hostilidades surgen en 2014 cuando el general Haftar, apoyado por el LNA, ordena la disolución del congreso general en Trípoli, que hasta ese momento era dominado por los hermanos musulmanes, con el objetivo de erigirse en el poder. En sintonía, lanza la “Operación Dignidad”, un ataque directo contra grupos islamistas que apoyaban abiertamente a los parlamentaristas. Gran parte del apoyo del LNA a Haftar se debe a que la mayor parte de los oficiales provenían del este del país, una región reticente al control federal sobre sus asuntos internos, principalmente sobre la exportación de petróleo.
Los diputados del Congreso General se negaron a ceder sus cargos y se autoproclamaron como legisladores legítimos, al tiempo que se aliaron con las milicias de Trípoli. Ante la escalada de violencia, en 2015 la ONU diseña un plan de paz con la idea de erigir un gobierno de transición (GNA) con representantes de varios partidos en las cámaras del congreso. A partir de entonces el nuevo gobierno pasó a ser considerado por la ONU como el representante legítimo en Libia.
Las dos coaliciones tienen discursos totalmente opuestos. Las fuerzas del LNA aseguran que están luchando contra el terrorismo islámico mientras que las fuerzas radicadas en Trípoli del GNA proclaman que batallan contra los residuos del antiguo régimen de Gadafi.
Las fuerzas de Haftar controlan la gran mayoría de la infraestructura y recursos petroleros del país. Ya que están en posesión de los grandes yacimientos del este del país, las refinerías más importantes y en enero ocuparon las principales terminales de exportación de crudo y oleoductos gracias al apoyo militar de los Emiratos Árabes, Egipto y Rusia. Por su parte, el Gobierno del Acuerdo Nacional cuenta con un fuerte respaldo de Turquía.
Más allá de varios llamados internacionales a la paz, estos últimos dos años se hizo notoria la idea de Haftar de mantener su ofensiva sobre Trípoli para lograr el control total del país. El conflicto perdura sin un claro ganador. A principios de este año, el gobierno de Erdogan intervino activamente para salvar al GNA ante un ataque apoyado por Emiratos Árabes. Posteriormente, ante la posibilidad de que se revierta la situación y fuera el LNA derrotado, en mayo Rusia desplegó varias aeronaves en el país y profundizó el reclutamiento de mercenarios en Libia.
Antes del conflicto, Libia era el tercer mayor exportador de petróleo de África (sólo por detrás de Nigeria y Argelia). La guerra civil ha privado al país de su principal ingreso de divisas, la Corporación Nacional de Petróleo nacional perdió unos US$ 5.000 millones desde el inicio del bloqueo petrolero a principios de este año.
Los combates entre ambas facciones continúan intensamente. Sea cual fuere el resultado de los mismos genera un perjuicio para las exportaciones de crudo de Libia. Las victorias del GNA no contribuyen a la recuperación de la industria, ya que son las fuerzas de Haftar quienes controlan los yacimientos y demás infraestructura petrolera. Por otro lado, los importadores extranjeros no tratarán con el gobierno oriental, tal es el caso que un buque de guerra francés impidió recientemente que un petrolero de los Emiratos Árabes cargara petróleo libio.
Libia es un país habitado por un gran número de tribus y milicias que Gadafi había logrado controlar durante más de 40 años. La rivalidad territorial entre las mismas también se había visto solapada con una rivalidad cultural entre grupos pro y anti islámicos. Un ejemplo claro de esto es lo que sucedió en el sur del país, la zona más inestable desde el 2011, con conflictos permanentes entre las tribus árabes de la zona y las tres minorías tradicionales bereber, tubu y tuareg. En la actualidad todos estos conflictos han sido absorbidos, posicionándose de un lado o del otro, por la disputa a nivel nacional entre las fuerzas de Haftar y el GNA. Pareciera que la única manera de volver a la estabilidad sería con un liderazgo fuerte. A costa de fuego, sangre y petróleo un nuevo orden está surgiendo en Libia. ¿Veremos un nuevo Gadafi?
