Estas últimas semanas se ha generado una interna en el seno del gobierno entre el Ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo por el tema de las tarifas eléctricas para el área metropolitana. El trato que dieron los medios de comunicación al conflicto ocultó, lamentablemente, la verdadera importancia de esta discusión: la cuestión energética es trascendental para la evolución de nuestras sociedades y fundamentalmente para la calidad de vida de la población. La discusión se redujo para algunos a una cuestión fiscal y para otros a una cuestión de poder. Tomar las cosas de esta manera sería caer en un grave error.
La cuestión de los subsidios a la energía eléctrica debe analizarse a partir de una comprensión sistémica, no sólo económica, de la problemática energética. Las decisiones en esta materia tienen que tomarse a partir de entender que vivimos en sociedades de altísimo consumo energético donde la calidad de vida de la población está asociada al acceso a la energía y que, por lo tanto, no es correcto tomar decisiones mirando sólo el aspecto fiscal.
El dilema de las tarifas es la punta del iceberg de la política energética de un país, la cual debe sustentarse en dos pilares:
- Seguridad energética. La energía es el recurso maestro de la sociedad, y debe asegurarse su disponibilidad ininterrumpida a un precio asequible para productores y usuarios
- La energía en las sociedades modernas es un derecho social, el que debe asegurarse a todos los habitantes, lo cual plantea una tensión esencial entre el valor redituable para las empresas y el precio accesible al usuario.
Surge entonces un primer dilema, ¿se pueden establecer las tarifas sin tener en cuenta la capacidad de la población para pagarlas? No. El Estado debe mediar en esta tensión, fijando tarifas de distribución de la renta compatible con:
- la oferta sustentable de energía
- el consumo de la población
- la competitividad de la economía
Para lograr estos objetivos, los subsidios a la energía son inevitables, la discusión está en el tamaño de los mismos y la oportunidad. Esto es así acá y en todo el mundo. En 2020, por ejemplo, Alemania subsidió en más de US$ 40.000 millones las energías renovables para que sus empresas no pierdan competitividad y la población tenga acceso a la misma.
Está claro que no se puede tener la mirada puramente fiscalista que tuvo Aranguren con su Excel sin tener en cuenta si la gente lo puede pagar. En palabras del ENRE: “de continuar vigentes los ajustes previstos en la Revisión Tarifaria Integral de 2017, así como la política de quita de subsidios al precio de la energía que implementó el gobierno de Cambiemos, las tarifas del servicio de electricidad en el AMBA serían hoy, en promedio, un 160% más elevadas”. ¿Alguien se imagina en un momento tan delicado como el que estamos atravesando que impacto tendría en el bolsillo de la población un aumento de este calibre? Solo empeoraría la situación. Finalmente el gobierno nacional decidió aumentar las tarifas en un 9%, en lo que parece será el único aumento de 2021.
La disyuntiva entre la necesidad de generar la energía y que la gente pueda pagarla no es algo propio de Argentina, esto sucede en mayor o menor medida en todo el mundo. Aunque en nuestro país esta cuestión se ve agudizada porque gran parte de la población hoy recibe un ingreso bajo, incluso muchos se encuentran en situación de pobreza. Es por esta razón que el Estado tiene que regular e intervenir subsidiando, no solo el flujo eléctrico sino también los combustibles. En Argentina el 60% de la electricidad se genera a partir del gas natural, por lo que si no hay ayuda estatal esto también se trasladaría directamente al costo de la electricidad.
Igualmente, debemos reconocer que altos niveles de subsidios no representan un marco ideal en el largo plazo. Esta semana, números dados a conocer por el Instituto Mosconi dieron cuenta de que los subsidios a la energía alcanzarán los US$ 10.000 millones, representando un 2,4% del PBI y bastante más alto que lo proyectado en el presupuesto para este año. Pero en la situación en la que nos encontramos subsidiar es imprescindible. Hay quienes se quejan de que en este marco se está subsidiando a sectores que no lo necesitan, lo cual es verdad, pero sería mucho más injusto dejar de subsidiar a quien si de verdad lo necesita.
No cabe duda que la situación fiscal del país es endeble, tanto por las consecuencias económicas del macrismo como por la nueva realidad generada por la pandemia, lo que limita la capacidad de intervención del estado y los subsidios. Pero no se puede dejar de analizar la oportunidad y definir prioridades.
El año pasado, la actividad económica a nivel nacional se contrajo más de 10 puntos y en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, según datos del informe “Condiciones de vida en la Ciudad de Buenos Aires”, 82.000 personas pasaron a situación de pobreza y 83.000 dejaron de ser clase media. Casi 100.000 personas perdieron su ocupación, la mayoría pasando a la inactividad, el desempleo se ubicó en 10,1% y la tasa de subocupación trepó al 12,5%. Los números en el Gran Buenos Aires son mucho peores, un 51% de pobres y 15% de indigentes según el último relevamiento del Indec.
Ante este panorama, es un error tomar decisiones tarifarias basadas sólo en el aspecto económico. La energía es un campo de conocimiento interdisciplinario donde confluyen las ciencias sociales y las naturales que definen distintas dimensiones de análisis: Económica, Política, Social, Ambiental y Científico/Técnica. Retomando el debate de estas últimas semanas, desde economía simplificaron la complejidad de la problemática energética en una dimensión, la económica, para tomar decisiones sobre las cuestiones tarifarias cosa por demás desacertada. Por su lado, desde el ala más energética del gobierno se están moviendo con una visión sistémica sobre esta problemática, incluyendo en su análisis también las dimensiones políticas y sociales. A mejor metodología, mejores decisiones.
